La falta de normatividad e intervención del Gobierno es necesaria para evitar que los usuarios arriesguen su patrimonio y para que a los agentes les sean reconocidos sus honorarios sin ningún contratiempo.

El sector inmobiliario y de la construcción impacta la economía en 27 sub sectores y más de 72 líneas de negocios; mueve más de 36 billones de pesos al año y emplea el 7% por ciento de la fuerza laboral es decir más de 1.600.000 colombianos laboran formalmente en el sector.

Entonces, surgen inquietudes que en el gremio han dado pie a debates. Por ejemplo, ¿deberían existir normas que exijan a los inmobiliarios ser profesionales académicos y contar con una licencia que se pueda revocarse en caso de que obren de mala fe?, ¿debería incluirse un marco legal que los proteja y obligue el pago de las comisiones pactadas para que estas dejen ser vistas como un favor?

Es una discusión que se sustenta porque en Colombia cualquier persona sin ningún tipo de formación, experiencia o infraestructura puede ejercer la actividad inmobiliaria, que se entiende como un oficio, por lo que desde el punto de vista constitucional no puede ser restringida a pesar del riesgo y la responsabilidad social y económica que implica, ya que por sus manos pasa el patrimonio de millones de personas naturales e incluso, el de toda la nación.

A que le temen

La sola pregunta sobre la conveniencia o no de intervenir esta actividad tiene tantos defensores como detractores entre los inmobiliarios activos. Por un lado, se percibe un temor a tener que capacitarse, formalizarse y ser vigilados como sucede, por ejemplo, con los corredores de bolsa; además, se percibe resistencia a tener que reportar contable y tributariamente todos los negocios realizados.

Sin embargo, de otra parte hay firmas organizadas interesadas en que de una vez por todas se reglamente la actividad. Esto a partir de una autorregulación gremial y de la intervención directa del Estado, en aras de proteger a los clientes de los abusos de inmobiliarios “fantasmas” que solo pretenden estafarlos o sacarles una comisión.

Es una necesidad hacerlo y hay que regular los dos aspectos: la protección al cliente y los derechos de los corredores inmobiliarios, a quienes no se les reconoce en todos los casos los honorarios de manera justa”.

La Propuesta

Desde la Asociación Inmobiliaria de Colombia “ACOLPIN” impulsaremos en el Congreso de la República un proyecto de ley que regule la actividad del corretaje inmobiliario en Colombia; que provea un marco jurídico amplio, justo y equitativo; que incluya la profesionalización del sector y que sea garantista de los derechos de todos los actores del sector.

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